Teruel se suma a la campaña por la defensa de la gestión pública del agua

Teruel se suma a la campaña por la defensa de la gestión pública del agua

Diferentes organizaciones turolenses se han reunido esta semana con la Red de Agua Pública de Aragón para preparar el paso por Teruel de la caravana ciclista que durante el mes de marzo recorrerá las 33 comarcas aragonesas para alertar del negocio sucio que se viene haciendo con la gestión del agua en nuestra comunidad.

La Red de Agua Publica quiere desenmascarar la trama de intereses privados y políticos que en los últimos años han usado grandes cantidades de dinero público para la construcción de depuradoras, en algunas ocasiones sobredimensionadas o de diseño inadecuado, o incluso sin que las obras llegasen a realizarse.

El próximo jueves 2 de marzo, a las 19 horas, en el salón de actos del Centro Social de la calle Yagüe de Salas, número 16 (frente a Correos), se celebrará una charla y se proyectará un documental que explica  los hechos denunciados por la Red de Agua Pública y otros colectivos, y se presentará el recorrido de la caravana ciclista reivindicativa, que pasará por diferentes localidades de nuestra provincia entre el 15 y el 20 de marzo.

El miembro de la RAPA, Enrique Gracia, se reunió el pasado martes en Teruel con representantes de CCOO, CGT, CHA, CNT, Ecologistas en Acción Otus, Federación de Vecinos, Ganar Teruel, IU, Podemos y UGT.

GANAR ALCAÑIZ SE QUERELLARÁ SI NO SE CUMPLE LA SENTENCIA DE ANULACIÓN DE LA PRÓRROGA CON AQUAGEST

GANAR ALCAÑIZ SE QUERELLARÁ SI NO SE CUMPLE LA SENTENCIA DE ANULACIÓN DE LA PRÓRROGA CON AQUAGEST

Ganar Alcañiz, a raíz de la sentencia que anuló la prórroga con AQUAGEST, ha venido instando al equipo de gobierno, para que el 1 de enero de 2017 fecha en la que termina el plazo para el cumplimiento de dicha sentencia, se haya remunicipalizado el servicio de aguas, como es nuestra preferencia, o lo preste una nueva empresa adjudicataria en base los pliegos correspondientes. Sin embargo advertimos al alcalde que la ley de Contratación Pública en su artículo 134 exige un estudio previo que justifique la privatización de un servicio público como este. Y advertimos que si no se produce dicho estudio impugnaremos la adjudicación que se produjera.

No obstante según declaraciones del Sr. Suso, no tiene intención de cumplir la ley y la sentencia judicial que le obliga a rescindir el contrato en la fecha referida en base a que “necesita tiempo para preparar los pliegos”, cuando la sentencia salió en mayo, teniendo tiempo más que suficiente para realizar todos estos trámites.

Ganar Alcañiz tiene paciencia y sobretodo sabe escuchar, pero lo que no vamos a consentir es que el actual alcalde se mofe de los alcañizanos y vulnere sentencias judiciales. Con las sentencias judiciales sólo hay una alternativa: ACATARLAS.

Ante esta situación desde Ganar Alcañiz nos hemos visto obligados a presentar un escrito por registro de entrada el 21/11/2016 advirtiendo al alcalde de que actúe para llevar a cabo los trámites y gestiones necesarias para proceder a la gestión directa del agua o en su caso indirecta a partir del 1 de enero de 2017, advirtiéndole que si no actúa este grupo municipal presentará querella criminal contra este comportamiento por vulnerar flagrantemente una sentencia judicial”.

Exigimos al Gobierno de Aragón que asuma sus responsabilidades con los municipios sancionados por la CHE

Exigimos al Gobierno de Aragón que asuma sus responsabilidades con los municipios sancionados por la CHE

En las últimas semanas diversos municipios de la provincia de Teruel están siendo sancionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro por vertidos al Dominio Público Hidráulico sin depurar previamente sus aguas. La CHE resuelve de esta manera los expedientes que inició hace aproximadamente medio año de una manera similar a la que procedió con los pueblos del Pirineo.

Cabe recordar al respecto hace más de una década los ayuntamientos de las localidades en cuestión firmaron convenios de colaboración con el Instituto Aragonés del Agua (IAA) para la construcción y explotación de sus respectivas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), por lo que la responsabilidad de no poder depurar sus aguas debería recaer sobre el Gobierno de Aragón, ya que es el Ejecutivo autonómico el que ha incumplido dicho acuerdo. Por ello, la Plataforma GANAR Teruel exige a la DGA que asuma sus responsabilidades con los municipios penalizados por la CHE y se haga cargo del pago de las sanciones, así como del canon del control de vertido que deben abonar anualmente los consistorios aunque las competencias estén en manos del Gobierno de Aragón.

A su vez, resulta una situación doblemente injusta por cuanto los vecinos de las localidades abonan desde hace años al IAA el correspondiente Canon de Saneamiento, en un primer momento, y el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), en la actualidad, sin tener la depuradora construida y en funcionamiento, por lo que se debería contabilizar lo pagado hasta la fecha como una deuda del Gobierno de Aragón hacia esos municipios.

Esta problemática tiene su origen en la elaboración del Plan de Depuración y Saneamiento, el cual se convirtió en la principal operación de privatización del agua en Aragón mediante la cesión, con buena voluntad, de competencias municipales a la DGA y la posterior adjudicación del servicio por parte de ésta a operadores privados. Las infraestructuras se han sobredimensionado entre cinco y diez veces la demanda real, con tecnologías inapropiadas para el tamaño de las localidades, ignorando así las recomendaciones oficiales del Ministerio de Fomento y multiplicando por diez el coste de depuración respecto de comunidades vecinas, desde una gestión opaca y plagada de irregularidades.

Así pues, desde GANAR demandamos una vez más una auditoría del mencionado Plan de Saneamiento, por completo y desde el principio, una reelaboración del Plan en lo que aún queda por hacer, abierta a la ciudadanía y a los Ayuntamientos, y la apertura de un proceso de diálogo con los consistorios de los municipios que demanden la recuperación de sus competencias, dados los incumplimientos de los acuerdos recogidos en los convenios, estableciéndose mecanismos de cooperación y colaboración entre las administraciones.

 

 

 

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